El presidente de la Nación, Javier Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sellaron el acuerdo que transfiere la gestión de 31 líneas de colectivos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aunque no habrá suba inmediata del pasaje, advierten sobre la dificultad de sostener los subsidios.
El Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires formalizaron este martes la transferencia de competencias sobre 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente en territorio porteño. El presidente Javier Milei y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el Acta Acuerdo en la Casa Rosada, estableciendo que la administración de estas líneas quedará bajo el control de la Ciudad. Este cambio implica un ahorro mensual de 15.000 millones de pesos para Nación desde septiembre, al eliminar las subvenciones para colectivos en CABA y el territorio bonaerense.
El convenio establece que, a partir de este mes, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumirá el control total de las frecuencias, recorridos, subsidios y tarifas de estas líneas de colectivos, aunque contempla un período de transición de 30 días. Durante este tiempo, «por ahora» no se aumentará el boleto, y se mantendrán los descuentos de la Red SUBE para los pasajeros que realicen múltiples viajes dentro de la jurisdicción.
En este sentido, ambas administraciones coincidieron en que la Ciudad afrontará un desafío financiero considerable al tener que subsidiar casi el 66% del costo real del pasaje. Según un comunicado conjunto, «no es sostenible un subsidio del 66% de la tarifa de manera permanente para la Ciudad», advirtiendo además que esto podría obligar a posponer inversiones y otros gastos esenciales.
A su vez, se espera que próximamente se anuncie un nuevo aumento en los boletos de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La Secretaría de Transporte de la Nación, a cargo de Franco Mogetta, presentará en los próximos días una nueva estructura de costos, que podría derivar en tarifas más altas o en la necesidad de incrementar los subsidios.
El acuerdo entre Milei y Macri representa un paso clave en el reordenamiento del sistema de transporte que estaba pendiente desde 2012, cuando Nación transfirió a la Ciudad el control de los subtes y el premetro, pero no así de las 31 líneas de colectivos involucradas, que incluyen los servicios de las líneas 4, 6, 7, 12, 23, entre otras.
«El acuerdo detalla que Nación y CABA trabajarán coordinadamente en una transición ordenada de al menos 30 días para que la jurisdicción que recibe las líneas tenga acompañamiento respecto a cuestiones técnicas y administrativas, en pos de que los ciudadanos porteños tengan un servicio eficiente», subraya el comunicado oficial.
Por su parte, el gobierno nacional destacó que la firma de este convenio completa el reordenamiento de subvenciones y competencias en el marco de un plan para equiparar el trato que reciben las provincias con el de los transportes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La eliminación de subsidios en tarifas y el retiro de financiamiento para la Red SUBE en territorio bonaerense permiten un ahorro significativo para el Estado.
En la provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof ya se hacía cargo del 100% de las compensaciones a las líneas de su jurisdicción, aunque no cubría los descuentos del boleto integrado. Con la eliminación de las transferencias nacionales desde este domingo, el gobernador anticipó que llevará el reclamo a la Corte Suprema.
En tanto, en el interior del país, los subsidios a los boletos de colectivos son responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, luego de que Nación eliminara el Fondo Compensador del Interior (FCI). Este fideicomiso, que contaba con un presupuesto de 102.000 millones de pesos en 2023, fue discontinuado en febrero tras solo haber transferido 17.000 millones.
El Estado Nacional continuará asumiendo los costos de las compensaciones para los servicios bajo su jurisdicción, que incluyen 103 líneas del AMBA y 10 líneas del interior del país. Estos servicios seguirán administrados por el gobierno nacional, manteniéndose bajo el esquema actual de subsidios y la Red SUBE.
Asimismo, la Tarifa Social seguirá vigente en todas las jurisdicciones del país, garantizando un descuento del 55% en el valor del pasaje para los sectores más vulnerables. Este beneficio impacta positivamente en 5,3 millones de usuarios y representa una asistencia económica de 25.000 millones de pesos mensuales por parte del Estado.
