La presentación judicial de la empresa estatal Sbase acusa a delegados sindicales de actos que exceden el derecho a huelga, afectando la seguridad y el servicio en el subterráneo porteño.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), presentó una denuncia judicial contra un grupo de delegados del sindicato de trabajadores del subte, conocido como los Metrodelegados, acusándolos de realizar acciones que habrían ido más allá del derecho a huelga durante el reciente paro de transporte. Según lo planteado por Sbase, estas acciones no solo perturbaron el servicio público, sino que también pusieron en riesgo la seguridad de los pasajeros.
La denuncia, firmada por Javier Ibáñez, presidente de Sbase, se centra en cuatro episodios que se habrían registrado entre el martes 29 y el miércoles 30 de octubre, donde se acusa a los sindicalistas de abrir puertas de emergencia para permitir el acceso gratuito, bloquear físicamente formaciones y obstaculizar la prestación mínima del servicio. En palabras de Ibáñez, estos actos representan una “afectación del servicio público de transporte”, lo cual está regulado en el artículo 79 del Código Contravencional de la Ciudad, y se llevaron a cabo “en perjuicio de toda la sociedad”, con “la única finalidad de afectar la prestación mínima del servicio que, para casos de huelgas, la ley prevé expresamente”.
Uno de los primeros hechos, de acuerdo con la documentación presentada ante la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°35, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez, tuvo lugar el martes 29 de octubre, en la estación Federico Lacroze de la línea B del subte a las 7:30. En este incidente, dos delegados habrían habilitado las salidas de emergencia para permitir que los pasajeros accedieran a los andenes sin pagar el pasaje.
Desde Sbase señalaron que esta medida, “además de configurar un grave incumplimiento laboral, genera un importante daño patrimonial a la prestación del servicio”, y también implica “un serio riesgo para el usuario al habilitarse el ingreso masivo por una puerta reservada exclusivamente para la evacuación de público”. Los delegados identificados en este hecho son Claudio Dellecarbonara y Matías Miguel Privitera, ambos pertenecientes a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), que sostiene haber llevado adelante esta protesta para manifestarse contra la “desinversión” y la “falta de mantenimiento” en el sistema de transporte.
El miércoles 30 de octubre por la mañana se produjo otro de los episodios señalados en la denuncia, en la estación Inclán de la línea H. En esta ocasión, el dirigente sindical Fernando Cavaliere habría detenido una formación en pruebas de funcionamiento, activando el freno de emergencia del andén. A continuación, otro delegado, Ariel De Latorre, descendió a las vías y se colocó frente a la cabina de la formación, impidiendo el avance del subte. La denuncia agrega que un tercer delegado, César Heredia, se habría sumado a esta acción, activando nuevamente los frenos internos del tren para evitar que retomara su marcha. Este bloqueo duró alrededor de diez minutos, y finalmente el subte pudo regresar al taller de Parque Patricios.
Ese mismo miércoles, otro incidente se registró en la estación Congreso de Tucumán de la línea D. En este caso, una trabajadora del subte identificada como María Agustina Chaves se atrincheró en la cabina de una formación, permaneciendo encerrada durante aproximadamente una hora y media. A pesar de los intentos de personal de Recursos Humanos y de una escribana que fue convocada al lugar para instarla a deponer su actitud, Chaves se negó a abandonar la cabina. Un hecho similar habría ocurrido en la línea H con el metrodelegado Federico Soria, quien adoptó una postura similar en otra formación, intensificando el conflicto entre el sindicato y las autoridades de Sbase.
Desde Sbase, enfatizaron que estos actos, de acuerdo con el documento presentado, no responden a una protesta legítima sino que “excediendo el ejercicio legal de huelga”, buscaban afectar la prestación mínima del servicio de subte en la Ciudad. La empresa estatal adelantó que aportará imágenes y videos a la Justicia para respaldar las acusaciones presentadas y demostrar la veracidad de los hechos denunciados.
La denuncia quedó bajo la órbita de la Fiscalía N°35 de la Ciudad, que tomará a su cargo la investigación de los episodios y evaluará las pruebas presentadas por Sbase para determinar si los hechos constituyen un delito o contravención según el Código Contravencional de la Ciudad. A su vez, la empresa Subterráneos de Buenos Aires espera que se tomen medidas para sancionar a los responsables, buscando disuadir futuras acciones que puedan afectar la operatividad y seguridad del subte porteño.
