El Monitor de Derechos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó un indicador propio que calculó en $1.278.026 el presupuesto que necesitó una pareja de personas adultas mayores en octubre para cubrir los gastos esenciales, en un contexto donde los haberes jubilatorios se ubican por debajo del costo de vida.
En un esfuerzo por transparentar la información económica y medir con precisión el impacto de la inflación en la población de mayor edad, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lanzó oficialmente dos herramientas vitales: el Sistema de Canastas de Consumo para Personas Adultas Mayores y el Índice de Precios de Medicamentos (IPM). Estos indicadores, elaborados por el Monitor de Derechos del organismo, evidenciaron que, en octubre, una pareja de personas adultas mayores necesitó $1.278.026 para cubrir sus gastos del mes. Este dato es crucial en un contexto económico donde, de forma sistemática, los haberes jubilatorios suelen ubicarse por debajo del costo real de los consumos esenciales, lo que genera una vulneración directa sobre el poder adquisitivo de este grupo etario.
La Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores se presenta como una herramienta fundamental, ya que calcula cuánto necesita una persona mayor, según criterios específicos como edad, sexo, tipo de hogar y condición habitacional, para cubrir gastos indispensables. La metodología se actualizó para incorporar criterios específicos para este grupo etario y buscar, de tal modo, transparentar información clave para el diseño de políticas públicas. A su vez, el informe mostró que una persona mayor de setenta y cinco años que vive sola necesitó $704.600 por mes para solventar sus gastos.
La herramienta de la Defensoría desglosó el presupuesto de la Canasta para dos adultos mayores, revelando cómo se distribuyen los egresos mensuales. La parte más significativa de los gastos se concentró en la alimentación, que representó $480.445 del presupuesto. En tanto, los servicios del hogar, que incluyen luz, gas y expensas, sumaron $398.889. La salud, que abarca medicamentos y otros gastos esenciales de atención, totalizó $144.134. Finalmente, los bienes personales y el equipamiento del hogar representaron $198.891 del presupuesto. Estos números implican que, en promedio, una pareja de adultos mayores necesitó $42.601 por día solamente para cubrir sus gastos más básicos.
En este sentido, los gastos de salud revisten especial importancia, dado que la edad avanzada suele requerir un consumo sostenido de medicamentos. Por su parte, el Índice de Precios de Medicamentos (IPM), la segunda herramienta presentada, se enfoca precisamente en este segmento de consumo. Este índice releva y estima mensualmente la evolución del precio de una canasta de medicamentos seleccionados por su uso frecuente, con el objetivo primordial de monitorear su accesibilidad económica y contribuir al análisis público sobre el costo de productos esenciales.
Según el nuevo IPM elaborado por la institución que vela por los derechos de los ciudadanos de la capital nacional, en octubre, los medicamentos registraron un aumento promedio del 1,7%. Sin embargo, la suba fue más pronunciada en determinadas categorías de productos farmacéuticos. Los que más incrementaron su precio fueron los psicofármacos, con una suba del 2,4%. Les siguieron los antibióticos y antisépticos, que registraron un aumento del 2,2%. Las vitaminas subieron un 1,9% de forma intermensual. A su vez, los antihistamínicos y cardiovasculares presentaron un aumento promedio del 1,8%, lo que demuestra la presión inflacionaria en productos que son vitales para la salud de las personas mayores.
La producción de estos indicadores propios se enmarca en una línea estratégica de la institución. El objetivo principal de la Defensoría del Pueblo de la CABA es monitorear el estado de los derechos en la Ciudad y generar evidencia pública confiable. Esto permite, a su vez, contribuir al diseño de políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas para las personas mayores, un sector de la población que requiere especial protección.
La canasta de consumo que se presentó mide el monto dinerario requerido para alimentarse adecuadamente, vivir en condiciones habitacionales dignas, comprar medicamentos esenciales, acceder a cuidados específicos, vestirse y tener posibilidades de esparcimiento. Este enfoque amplio garantiza que la medición capture el costo de un bienestar integral, no limitado a la subsistencia mínima. Además, el sistema de canastas que utiliza la Defensoría construye seis tipos de hogares distintos. Estos tienen en cuenta el sexo y la edad de las personas, cómo se compone el núcleo conviviente, si son propietarios o inquilinos de la vivienda, y si pagan o no un servicio prepago de salud. Esta granularidad metodológica le otorga un rigor y una representatividad que no alcanzan otros indicadores de consumo masivo, ya que estos suelen no ponderar las necesidades específicas que surgen con el paso de los años.
En este sentido, la elaboración del IPM y las Canastas para Personas Adultas Mayores está orientada a fortalecer la protección de los derechos de este colectivo, mejorar la transparencia en la información económica y acompañar con datos rigurosos el debate público sobre la suficiencia de los haberes jubilatorios y el costo de vida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo busca así que las decisiones políticas se basen en una realidad económica concreta y no en estimaciones que no reflejan la dificultad de llegar a fin de mes.
