Un adolescente de 16 años fue arrestado nuevamente por la Policía de la Ciudad, sumando un total de 71 detenciones en los últimos tres años. Las autoridades porteñas, encabezadas por el ministro de Seguridad Waldo Wolff, reclaman una reforma urgente en el Régimen Penal Juvenil para endurecer las penas a menores de edad.
Un joven de 16 años, que en los últimos tres años fue detenido en 71 ocasiones, reavivó el debate sobre la edad de imputabilidad en la Argentina. El caso ha sido señalado por las autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes insisten en la necesidad de una reforma penal que permita sancionar a los menores que cometen delitos graves.
El adolescente fue capturado nuevamente este miércoles tras robar un teléfono celular y una cadenita de oro a dos mujeres en el barrio de Recoleta. Según informaron las autoridades, la Policía de la Ciudad detuvo al joven luego de ser alertada por las víctimas. Los objetos robados fueron recuperados a pocas cuadras del lugar, en el barrio de Balvanera.
Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño, utilizó sus redes sociales para exponer la gravedad del caso. “Tiene 71 antecedentes penales en tres años. Leyeron bien, 71 veces detenido. Entra y sale. Una vez cada 15 días. La Policía de la Ciudad hace muy bien su trabajo”, expresó el funcionario, al tiempo que pidió con urgencia una reforma que baje la edad de imputabilidad, actualmente fijada en los 16 años.
Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también se manifestó sobre el caso, alineándose con Wolff y haciendo un llamado a reformar el Régimen Penal Juvenil. “Nuestra postura en la Ciudad es clara: cometer delitos tiene consecuencias, el orden y la seguridad no se negocian”, declaró Macri en sus redes sociales. En la misma publicación, destacó: “En este caso se trata de un menor que comete un delito de adulto, por ende, tiene que ser juzgado como adulto. Detenemos menores una y otra vez y no hay consecuencias. Es imperioso que se discuta el nuevo régimen penal juvenil”.
Asimismo, el jefe de Gobierno porteño dejó claro que las detenciones de menores seguirán ocurriendo mientras no se modifique la legislación vigente. “Los vamos a detener las veces que haga falta, pero está claro que esto tiene que cambiar”, afirmó, subrayando la necesidad de aplicar sanciones más severas para quienes cometen delitos, sin importar su edad.
El adolescente de 16 años fue trasladado al Instituto “Úrsula Llona de Inchausti” por orden del Juzgado de Menores N°5, a cargo del juez Gonzalo Matías Oliver de Tezanos. Este centro de admisión y detención alberga a niños y adolescentes que se encuentran bajo custodia de la Justicia, como es el caso del joven que, pese a su extenso historial delictivo, ha sido liberado en repetidas ocasiones.
Wolff criticó abiertamente la falta de consecuencias judiciales para estos jóvenes y compartió otro dato alarmante: “Solo en ocho días detuvimos a 74 menores en diferentes hechos delictivos. La policía los detiene y lo va a seguir haciendo, pero sin una nueva Ley Penal Juvenil, van a seguir saliendo”.
El caso de este joven detenido 71 veces no es aislado, ya que las estadísticas reflejan un incremento en los delitos cometidos por menores de edad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este panorama ha sido aprovechado por las autoridades porteñas para insistir en la urgencia de reformar el marco legal.
La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad lleva años en la agenda política del país. En 2024, este debate tomó nueva fuerza luego de un caso en Rosario, donde un sicario de 15 años asesinó a un playero, hecho que conmocionó a la sociedad. En respuesta, el Gobierno nacional presentó un proyecto de ley que busca reducir la edad de imputabilidad a 13 años para aquellos adolescentes que cometan delitos graves.
Antes de esta iniciativa, el diputado Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, había presentado un proyecto para bajar la edad a 12 años. En total, hay al menos diez proyectos en el Congreso que buscan modificar la legislación actual. La mayoría de las bancadas coinciden en la necesidad de ajustar las normas vigentes, aunque persisten diferencias respecto a la edad mínima para imputar a los menores.
