La eliminación de una ciclovía que conecta Almagro, Balvanera y San Nicolás desató una fuerte polémica en la Ciudad. El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó una acción de amparo y denunció irregularidades en el proceso, mientras vecinos y ciclistas calificaron la decisión como un retroceso en términos de movilidad sostenible.
El Gobierno de la Ciudad avanzó en la remoción de la ciclovía ubicada sobre la calle Tucumán, una arteria que conecta tres comunas y representa una alternativa segura para miles de ciclistas. Según el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), los trabajos comenzaron entre las alturas 1400 y 1600 de la calle sin cumplir con los procedimientos legales ni respetar los derechos de movilidad de la población.
«La red de ciclovías y bicisendas debe ampliarse y no reducirse», expresó Jonatan Baldiviezo, abogado y referente del ODC. Además, indicó que este desmantelamiento contradice los lineamientos del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, que promueve una movilidad sustentable y la reducción del uso del automóvil.
En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, durante la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, señaló la necesidad de «revisar la razonabilidad» de ciertas ciclovías en la Ciudad, incluyendo las de avenidas como Córdoba y Libertador. Estas declaraciones generaron incertidumbre sobre el futuro de la infraestructura ciclista en Buenos Aires.
Marcos, oficinista y usuario frecuente de esta ciclovía, expresó su frustración: «Yo dejé de usar el auto porque la Ciudad está colapsada de tránsito, me lo robaron dos veces y las multas son un desastre. Esta ciclovía es la única que realmente sirve, y ahora la quieren destruir», comentó en diálogo con medios locales.
Para el ODC, esta infraestructura no solo es fundamental por conectar zonas de alta circulación, sino también porque descomprime el tránsito vehicular. «Es clave para quienes necesitan una alternativa segura entre el microcentro, Once y Abasto. Es una de las ciclovías más utilizadas en la Ciudad», resaltaron.
El ODC presentó una acción de amparo ante la justicia porteña para detener los trabajos de remoción y reinstalar la ciclovía en las mismas condiciones o incluso mejores. Entre los argumentos, subrayaron la falta de un acto administrativo que respalde la decisión, su omisión en el Boletín Oficial y la ausencia de aprobación legislativa.
El documento judicial también solicita la declaración de inconstitucionalidad y nulidad de cualquier norma que haya autorizado esta medida. Según la denuncia, esta decisión viola el Derecho a la Movilidad, un principio básico en el diseño del sistema de transporte público en la Ciudad.
La polémica en torno a la eliminación de esta ciclovía refleja tensiones más amplias sobre las políticas urbanas en la Ciudad. Organizaciones civiles y vecinos advierten que decisiones como esta contradicen los compromisos con la sustentabilidad y la optimización del transporte público.
