La Corte Suprema derivó al TSJ de la Ciudad un total de 1010 expedientes, en su mayoría juicios laborales, como parte del nuevo esquema dispuesto en el fallo “Levinas”. La Justicia porteña refuerza su estructura y amplía sus funciones frente a una creciente carga de trabajo.
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) afronta una de las transformaciones más profundas desde su creación, tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación de transferirle cientos de causas provenientes de la Justicia nacional ordinaria. Desde la implementación del fallo “Levinas”, el tribunal recibió ya 1010 expedientes, de los cuales 921 corresponden a juicios laborales, según confirmaron fuentes judiciales.
En su mayoría, se trata de recursos interpuestos por aseguradoras y Aseguradoras de Riesgo del Trabajo (ART), que impugnan los intereses aplicados a las indemnizaciones dictadas en primera instancia. Así, la Justicia porteña se convierte en una nueva instancia revisora, en línea con lo establecido por la reforma constitucional de 1994, que habilita a la Ciudad a tener su propio tribunal superior de última instancia.
Este vuelco institucional no solo significa una mayor carga de trabajo, sino también un cambio en el perfil de los expedientes que recibe el tribunal. Hasta hace poco, el TSJ intervenía únicamente en conflictos vinculados al Gobierno porteño, revisiones constitucionales y cuestiones locales. Con el nuevo esquema, debe pronunciarse sobre apelaciones civiles, comerciales, laborales y penales originadas en la Justicia nacional con asiento en la Ciudad.
En este contexto, los cinco jueces que integran actualmente el TSJ —Inés Weinberg, Luis Lozano, Alicia Ruiz, Marcela De Langhe y Santiago Otamendi— adoptaron medidas internas para afrontar este crecimiento sin precedentes. En primer lugar, se crearon dos nuevas Secretarías Judiciales: una para Asuntos Civiles y Comerciales, y otra para Asuntos Laborales. Además, se designaron autoridades para cubrir vacantes en las secretarías de Asuntos Originarios y de Relaciones de Consumo, y en la de Asuntos Contencioso-Administrativos y Tributarios.
A su vez, en un intento por adecuar la infraestructura judicial a las nuevas demandas, el TSJ trabaja en la recuperación de un edificio histórico ubicado en Carlos Pellegrini 313, en pleno centro porteño. Este inmueble, que alguna vez fue sede del Ministerio de Salud de la Ciudad, cuenta con 4.000 metros cuadrados distribuidos en 11 pisos y fue diseñado por el reconocido arquitecto Mario Roberto Álvarez. Este nuevo espacio se sumará al edificio de Cerrito 760 y permitirá albergar a las nuevas secretarías y al personal incorporado.
El fallo “Levinas” —suscripto por los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz— sentó el precedente de que el TSJ debe actuar como tribunal superior en causas de la justicia nacional con sede en la Ciudad, antes de que puedan ser eventualmente revisadas por la Corte Suprema. Esto ha generado malestar entre camaristas nacionales, quienes consideran que esta medida representa una intromisión en sus competencias, tradicionalmente encuadradas en el ámbito federal.
En este sentido, desde el máximo tribunal nacional se argumentó que el nuevo mecanismo garantiza el pleno ejercicio de la autonomía judicial de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de la manda constitucional. La decisión también se enmarca en un contexto de creciente debate sobre la distribución de competencias entre Nación y Ciudad, especialmente en lo que respecta a la organización judicial.
Entre las causas más resonantes que llegaron al TSJ figura la que dio origen al fallo: un litigio entre el periodista Gustavo Gabriel Levinas y la familia del artista plástico León Ferrari. Levinas fue condenado a pagar 88.000 dólares más intereses por incumplimientos en la rendición de cuentas tras una muestra de obras del artista. El caso evidenció el vacío legal que existía respecto a cuál era la última instancia revisora en la Ciudad.
También se destacan expedientes de fuerte impacto político y económico, como la quiebra del Correo Argentino, una causa vinculada a la familia del expresidente Mauricio Macri; el expediente Chocobar, que involucra a un efectivo de la Policía Local en un caso de gatillo fácil; y el caso Socma, relacionado con el holding empresarial del mismo grupo.
La proyección de nuevas causas no cesa. Según fuentes judiciales, el TSJ seguirá recibiendo todos los recursos de apelación interpuestos ante las Cámaras nacionales que operan en CABA y que se presenten con posterioridad a la fecha del fallo, lo cual augura una expansión sostenida del volumen de trabajo.
