Docentes, estudiantes y personal no docente se movilizan en todo el país para reclamar al Congreso la aprobación de una norma que garantice recursos estables. En CABA, la concentración será en Plaza Houssay y está acompañada por un paro docente de 48 horas.
En una nueva expresión de protesta federal, las universidades públicas de la Argentina convocaron este jueves a una “marcha de antorchas” con epicentro en Plaza Houssay, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y réplicas en distintas provincias del país. La movilización, que reúne a estudiantes, docentes, no docentes y representantes de la comunidad universitaria, busca impulsar el debate legislativo sobre la ley de financiamiento para el sistema de educación superior.
A partir de las 17, la plaza ubicada frente a la Facultad de Medicina se convirtió en el principal escenario del reclamo, que también tuvo lugar en Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Tucumán y Mar del Plata, entre otras ciudades. La consigna común fue reclamar una norma que asegure un presupuesto adecuado y sostenido en el tiempo, en medio de lo que rectores y gremios definen como un panorama crítico.
“Será una jornada federal, con acciones en todo el país. La expectativa es alta: en las más de 60 universidades nacionales está prevista al menos una actividad concreta. En cuanto al 2 de julio, esperamos que se pueda convocar una sesión especial con quorum”, expresó Joaquín Carvalho, presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA).
En paralelo, los principales gremios docentes universitarios resolvieron realizar un paro de 48 horas que coincide con la jornada de protesta, sumando presión al Congreso para que retome el tratamiento del proyecto. A su vez, las organizaciones convocantes difundieron un documento conjunto en el que advierten que “sin un presupuesto actualizado, muchas instituciones ven amenazada su operatividad básica y el desarrollo de sus actividades académicas y de investigación”.
En este sentido, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, manifestó: “Tenemos la expectativa de que el proyecto de ley que presentamos en el Congreso pueda aprobarse. Es un proyecto razonable que resuelve el problema sin comprometer fiscalmente al Estado”.
Bartolacci, además, hizo un llamado público al acompañamiento de la sociedad: “Es una convocatoria a la sociedad argentina a que nos acompañe una vez más, en este caso con su firma en adhesión al proyecto que presentamos”, y solicitó a los legisladores que “den quorum en la sesión especial del próximo 2 de julio, de manera que se pueda emplazar a las comisiones de Presupuesto y Educación, para que tengamos en las próximas semanas dictamen y posterior tratamiento en el recinto”.
Por su parte, desde la FUA y CONADU resaltaron que la medida busca articular a toda la comunidad educativa en defensa de la educación pública, gratuita y federal. También destacaron la necesidad de que el Congreso escuche el reclamo de un sector estratégico para el desarrollo del país.
En la misma línea, referentes estudiantiles y docentes subrayaron que la disminución de los fondos impacta no solo en el dictado de clases, sino también en los proyectos de extensión y en las investigaciones científicas que muchas universidades llevan adelante. Ante esa situación, insistieron en la urgencia de establecer una ley que garantice previsibilidad financiera a las instituciones.
La jornada se caracterizó por la participación masiva de agrupaciones universitarias, sindicatos, centros de estudiantes y ciudadanos en general, quienes encendieron antorchas simbólicas como gesto de unidad y resistencia frente al ajuste. En todas las plazas donde se realizó la movilización, los participantes reclamaron que el Congreso retome el tratamiento del proyecto antes del receso invernal.
Además, la protesta sirvió para visibilizar el consenso alcanzado dentro del sistema universitario respecto a la necesidad de contar con un marco normativo claro que proteja su sostenibilidad. Según los organizadores, el compromiso por parte de la sociedad es clave para que el reclamo tenga eco en el Parlamento y para reforzar el carácter público del sistema.
Se prevé que la próxima instancia de este reclamo ocurra el martes 2 de julio, fecha en la que se espera que la Cámara de Diputados convoque a una sesión especial para debatir la iniciativa presentada. Los organizadores señalaron que “la sesión debe emplazar a las comisiones pertinentes para dictaminar cuanto antes y habilitar su tratamiento en el recinto”.
