El gobierno porteño proyecta un plan de retiros voluntarios para abril de 2026 y presentó a la Legislatura una reforma de la ley de Ministerios que reorganiza competencias y áreas, en el marco de una estrategia de eficiencia administrativa y modernización del personal estatal.
Mientras en la Legislatura porteña se debate el Presupuesto y las leyes fiscales para 2026, el Gobierno de Buenos Aires avanza con un plan integral de reforma del Estado. La iniciativa apunta a fortalecer la eficiencia de la administración, ordenar la planta de personal y simplificar los procesos internos, en contraste con la propuesta de ajuste de La Libertad Avanza. La reforma incluye retiros voluntarios, modificaciones en el organigrama de Ministerios y modernización tecnológica de la planta estatal.
El ministro de Hacienda, Gustavo Arengo, explicó que la transformación de la estructura estatal del GCBA se basa en la simplificación de la administración para mejorar su desempeño. La propuesta contempla desde la eliminación de trámites, la digitalización de procesos y la unificación de gestiones hasta la revisión de la plantilla de empleados porteños. El proyecto señala que «redujimos la dotación, revisamos programas y fondos poco eficientes, y mejoramos la planificación del personal para tener un aparato más ágil y ordenado».
En este contexto, se prevé que «en 2026 se lance un nuevo plan de retiros voluntarios», según una fuente gubernamental. La iniciativa, que abriría en abril, busca «ordenar y optimizar el funcionamiento de la dotación» y consolidar un Estado «más compacto y eficiente». Paralelamente, la administración porteña trabaja en la profesionalización del empleo público y en la incorporación de personal con formación tecnológica, adaptando la estructura a la digitalización y los desafíos de la gestión moderna.
El debate salarial y laboral también ocupa un lugar central en la agenda local. ATE Capital denunció una situación preocupante que combina «falta de personal, pluriempleo y renuncias ante los bajos salarios y las malas condiciones laborales», con más del 70% de trabajadores por debajo de la canasta básica porteña. El gremio convocó a una marcha el 13 de noviembre para reclamar «mejora salarial, pase a planta, suma fija de $250.000» y la contratación de personal en todas las áreas para reducir el agotamiento laboral. Desde Uspallata reconocen estas dificultades y señalan que buscan ofrecer condiciones que incentiven a los empleados a permanecer en el sector público: «Queremos un Estado que ofrezca mejores salarios a sus empleados», explican, y agregan: «Es difícil competir con las empresas, pero no queremos que se vayan al sector privado. Los formamos para eso y queremos que sigan acá».
La reforma de la ley de Ministerios, presentada recientemente a la Legislatura, propone reorganizar responsabilidades y competencias para optimizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo. Según la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio, «la norma proyectada es concebida con el objetivo de reorganizar las responsabilidades, competencias y funciones de las distintas áreas de gobierno, procurando así optimizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo». Entre los cambios se incluye la transferencia de políticas sobre tercera edad y niñez al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, mientras que derechos humanos dejarán de depender de la Vicejefatura. La Jefatura de Gabinete perderá atribuciones sobre Gobierno Abierto y planeamiento urbano, que pasarán al Ministerio de Infraestructura, que se renombrará Movilidad e Infraestructura, y a la Jefatura de Gobierno. En Hacienda y Finanzas se suprime el objetivo relativo a estadísticas y censos, que ahora realiza el IDECBA.
En el último año, la gestión porteña redujo 10.000 empleos estatales, incluyendo contratados y personal permanente próximo a jubilarse, consolidando la estrategia de un Estado más eficiente y profesionalizado. Desde Uspallata insisten en que la meta no es achicar ministerios, que continuarán con alrededor de diez carteras, sino optimizar funciones y modernizar la administración, manteniendo un equilibrio frente a la presión de La Libertad Avanza para profundizar los ajustes y eliminar empresas públicas.
