La Policía de la Ciudad secuestró más de 700 bultos con electrónica, perfumes y ropa tras realizar ocho allanamientos simultáneos en los partidos de Lanús y Quilmes.
La Policía de la Ciudad desarticuló una red delictiva dedicada a la importación irregular y venta de productos extranjeros sin el correspondiente respaldo aduanero. El operativo consistió en ocho allanamientos simultáneos ejecutados en las localidades bonaerenses de Lanús y Quilmes, donde los efectivos incautaron más de 700 bultos que contenían artículos de electrónica, teléfonos celulares, perfumes, juguetes, indumentaria y herramientas. Durante las tareas policiales, los agentes también secuestraron 31 dispositivos móviles, seis automóviles y una suma millonaria de dinero en efectivo que incluye más de 20 millones de pesos y casi 50 mil dólares estadounidenses.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, con la coordinación de la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ) del Ministerio de Seguridad. Estas acciones se desarrollaron bajo las directivas del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del magistrado Pablo Yadarola. La estructura de la UTOJ resultó fundamental en este proceso, ya que fue creada específicamente para colaborar con la fuerza porteña en causas complejas del fuero federal penal económico.
El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, destacó la relevancia de este golpe al comercio ilegal y la importancia del trabajo articulado entre las diferentes fuerzas y el Poder Judicial. “Este operativo es una muestra más del trabajo conjunto del Ministerio de Seguridad y de la Policía de la Ciudad para combatir el delito en todas sus formas. Y también de la colaboración y respaldo de la Justicia. Esto permite sacar de las calles mercaderías ilegales y apoyar al comercio legal”, sostuvo el funcionario respecto al éxito de las tareas de campo.
La investigación judicial comenzó en los primeros días de septiembre, a raíz de una denuncia que alertaba sobre la existencia de una banda que distribuía mercadería de origen extranjero de manera ilícita. Los investigadores detectaron diversos perfiles en redes sociales que ofrecían productos tecnológicos y electrónicos. A través de un análisis exhaustivo, los agentes comprobaron que estas cuentas digitales estaban vinculadas entre sí y formaban parte de un engranaje comercial clandestino en la capital nacional y sus alrededores.
El cruce de información societaria, bancaria y migratoria permitió reconstruir la jerarquía y las funciones de los sospechosos dentro de la organización. Según pudo establecer la justicia, uno de los integrantes actuaba como la cara visible en el mundo virtual para promocionar los catálogos. Por su parte, otro miembro coordinaba la compra de los productos y la gestión de las ventas, mientras que un tercer implicado se encargaba de la logística y la distribución. Finalmente, un cuarto individuo cumplía tareas de acopio y traslado de los bultos en los depósitos interconectados que poseía la banda.
Las tareas de inteligencia y los seguimientos determinaron que la mercadería provenía de zonas de frontera, principalmente de Paraguay y Brasil, con un origen inicial radicado en China. Los investigadores analizaron más de 800 envíos que confirmaron un patrón sistemático de traslado de bultos. Para obtener pruebas directas e irrefutables sobre la actividad ilegal, los efectivos utilizaron la figura del agente revelador. Bajo esta modalidad, realizaron compras controladas en los puntos de venta investigados, lo que brindó los elementos necesarios para solicitar los allanamientos ante el juez.
Los registros domiciliarios se llevaron adelante en viviendas particulares, oficinas comerciales y depósitos de Lanús. También se incluyó un barrio privado y una oficina situada en un centro comercial de Quilmes. Entre los elementos incautados, sobresalen computadoras y dispositivos tecnológicos de alta gama que carecían de documentación legal. Esta operatoria constante de carga y descarga en los galpones de la provincia de Buenos Aires representaba una competencia desleal para los comerciantes que cumplen con la normativa vigente en la capital nacional.
Como consecuencia de este despliegue policial, cuatro personas mayores de edad quedaron imputadas por infracción a la ley 22.415, conocida como el Código Aduanero. La organización quedó totalmente desarticulada, al igual que sus canales de distribución y almacenamiento.
