Una familia fue desalojada de un predio tomado en el barrio de Constitución, luego de múltiples denuncias. Los 36 perros que habitaban en el lugar fueron rescatados en un operativo que involucró a diversas entidades porteñas.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires clausuró un predio tomado en el barrio de Constitución, tras un operativo que se llevó a cabo el pasado jueves. En dicho inmueble, una familia de nueve integrantes vivía en condiciones precarias junto a 36 perros que se encontraban en un estado alarmante de abandono. Los vecinos, cansados de la situación, habían presentado 53 denuncias en los últimos siete años, lo que derivó finalmente en la intervención de la Policía de la Ciudad y otras agencias porteñas.
El predio, ubicado en la calle Pavón al 1.800, era foco de problemas para la comunidad desde hace tiempo. Las denuncias acumuladas incluían delitos graves como robo, incendio, abuso sexual simple e incluso un expediente por averiguación de causales de muerte. Ante esta situación, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del doctor Carlos Rolero Santurián, solicitó la intervención judicial, la cual fue aprobada por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, presidido por la doctora Rocío López Di Muro.
El operativo fue realizado por la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad en conjunto con la Agencia de Protección Ambiental (APRA), el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, la Dirección General de Control Animal, la Guardia de Auxilio y Emergencias de la Ciudad, e Higiene Urbana. Durante el allanamiento, las autoridades encontraron el lugar en un estado de extremo desorden, con acumulación de plásticos, papeles y latas de bebidas, lo que representaba un riesgo significativo para la salubridad de la zona.
En este sentido, personal del programa Buenos Aires Presente (BAP) realizó un censo de las personas que habitaban el predio. Se contabilizaron nueve personas, entre ellos siete adultos y dos menores, que residían en dos habitaciones construidas de manera precaria. Tras la orden de desalojo, la familia fue reubicada en otro lugar, sin que se presentaran resistencias. A su vez, se les permitió llevar sus pertenencias, mientras el predio fue clausurado por razones de seguridad estructural y constructiva.
Uno de los aspectos más alarmantes del operativo fue el estado en el que se encontraban los 36 perros mestizos, que convivían con la familia. Según informaron las autoridades, los animales, entre los cuales había cachorros y adultos, sufrían de una evidente falta de alimento, higiene y agua. Veterinarios de la APRA examinaron a los perros y decidieron su reubicación en distintas organizaciones no gubernamentales especializadas en el cuidado de animales maltratados.
Esta situación de abandono animal no es un caso aislado en el territorio porteño. En los últimos meses, se han registrado varios incidentes de maltrato animal dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un ejemplo reciente se dio en el barrio de Pompeya, donde la justicia intervino para rescatar a seis perros que vivían en condiciones deplorables, tal como lo confirmó la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental.
En tanto, la Guardia de Auxilio inspeccionó la estructura del predio en Constitución y determinó que el lugar no cumplía con las condiciones mínimas de habitabilidad. La instalación eléctrica no estaba habilitada y había riesgo de derrumbe, lo que llevó a los inspectores a clausurar el sitio de manera definitiva.
Tras la clausura, el predio quedó bajo custodia policial, según lo indicado por el juez a cargo del caso. Esto se debe a la necesidad de evitar que el lugar sea tomado nuevamente por ocupantes ilegales. En este sentido, la doctora Rocío López Di Muro y el fiscal Rolero Santurián dispusieron que el inmueble quede bajo vigilancia hasta su entrega formal a los propietarios legales.
El operativo, además de poner fin a años de denuncias por parte de los vecinos, se enmarca en una serie de medidas que buscan erradicar las ocupaciones ilegales y garantizar el cumplimiento de las normas de habitabilidad en la Ciudad. Las autoridades porteñas han intensificado los controles para prevenir situaciones similares, en especial aquellas que involucran el maltrato animal y la seguridad de los ciudadanos.
