Los internos del penal volvieron a manifestarse con quema de mantas y una «batucada» en rechazo a la resolución del Ministerio de Seguridad Nacional. No se registraron heridos.
Los internos de la cárcel de Villa Devoto reanudaron sus protestas contra el cierre de los centros de estudiantes en los penales federales. En la madrugada del jueves, volvieron a manifestarse mediante una «batucada», una modalidad de reclamo que incluyó quema de mantas, trapos y basura arrojada desde las ventanas de los pabellones. Las imágenes de la protesta circularon en redes sociales y mostraban llamas visibles desde el exterior.
Esta fue la segunda jornada de manifestaciones en la semana, tras un primer reclamo llevado a cabo el martes por la noche en los pabellones 1 y 5 del complejo penitenciario ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según informaron fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), los internos no quemaron colchones ni afectaron bienes del Estado, sino que generaron ruido con tachos de basura. Asimismo, aseguraron que no hubo intervención de los agentes penitenciarios ni se reportaron heridos.
Las protestas se originaron luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional oficializara la Resolución 372/2025, que dispuso la inhabilitación de los centros de estudiantes dentro del SPF. De acuerdo con la cartera conducida por Patricia Bullrich, la participación de los internos en actividades educativas durante toda la jornada «impide que realicen las tareas obligatorias a los fines de la reinserción social, en particular, tareas laborales» y el mantenimiento de los espacios comunes.
En la noche del miércoles, los internos colgaron banderas en las ventanas con frases como «Tenemos derecho a la educación 1985-2025» y «La Universidad es de todos. CUD. 40 años». La protesta se extendió por más de una hora y media y, según testigos, se escucharon gritos provenientes del penal ubicado en la calle Bermúdez al 2651.
La Resolución 372/2025, publicada el 25 de marzo, fundamenta que el objetivo principal del SPF es la reinserción de las personas privadas de la libertad. «La realización de actividades educativas, si bien resulta un derecho de los internos, no debe obstar al cumplimiento del tratamiento, que es obligatorio, pues constituye la finalidad esencial del cumplimiento de la pena privativa de la libertad y un objetivo superior del sistema», sostiene el documento.
A su vez, el Ministerio de Seguridad argumentó que la existencia de centros de estudiantes no está contemplada en la normativa vigente y que su funcionamiento prolongado excede el tiempo necesario para asistir a clases. «Los internos permanecen en estos espacios generalmente entre las 9 y las 18 horas, aunque este horario puede variar según el establecimiento penitenciario», señala la resolución. Además, sostiene que muchos de los internos utilizan estos espacios sin estar vinculados a propuestas educativas formales.
Desde el Ministerio de Seguridad insistieron en que «las actividades educativas no pueden interferir con las obligaciones del régimen penitenciario ni comprometer la seguridad ni el funcionamiento diario del establecimiento». En ese sentido, remarcaron que «el orden y la disciplina no se negocian: las reglas están para cumplirse».
