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La Justicia investiga los disturbios en el Congreso y solicitaron las imágenes de canales de TV

La Justicia porteña ha dado curso a la presentación penal realizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en relación con los actos de violencia acontecidos durante el tratamiento de la Ley Ómnibus en el Congreso. En este sentido, se ha solicitado a diversos canales de televisión que proporcionen sus grabaciones sobre los incidentes ocurridos.

El pedido de investigación fue formalizado por la Fiscalía Penal, a cargo del doctor Tomás Vaccarezza, quien comunicó la medida al Jefe de Superintendencia de Operaciones de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Marcelo Esteban Noguerol. En palabras del funcionario judicial: “Se requiere a los canales televisivos Todo Noticias, La Nación +, Canal 26, Crónica TV, C5N, América Noticias, Telefe y Canal 9 que, en carácter urgente, remitan a esa Superintendencia, dentro de las 24 horas, las filmaciones de toda la cobertura efectuada en las inmediaciones del Congreso de la Nación el día 2 de febrero de 2024”.

Además, se ha instado a recopilar y agregar cualquier material audiovisual obtenido por el Centro de Monitoreo Urbano y cámaras privadas que hayan captado actos delictivos o contravencionales en la zona en cuestión, así como evidencia digital proveniente de cualquier otra fuente pertinente.

El propósito primordial de estas medidas investigativas radica en identificar posibles acciones delictivas y a todas las personas implicadas en los sucesos, proporcionando evidencia concreta para respaldar estas observaciones. “En caso de daños materiales se deberá indicar en qué consistieron y el valor estimado de reparación”, agrega el documento emitido por la Fiscalía.

Asimismo, se ha requerido un análisis detallado de las conductas individuales de las personas identificadas a través del estudio de los videos y demás material recolectado. Una vez que se hayan identificado, se procederá a investigar si estas personas tienen alguna afiliación con personas jurídicas, organizaciones sociales o políticas, así como su situación migratoria si fueran extranjeras, buscando establecer posibles conexiones entre ellas.

Finalmente, se ha solicitado la elaboración de un informe exhaustivo que detalle los resultados de todas las medidas dispuestas, el cual deberá ser remitido a la sede fiscal en el menor tiempo posible.

Estas acciones emprendidas por la Justicia encuentran su origen en la denuncia penal presentada por la Ciudad, en línea con la política del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, de poner fin a la violencia y a las acciones extorsivas que afecten la circulación en las calles o dañen el patrimonio público y el mobiliario urbano. “La limpieza, reparación y ordenamiento de la zona afectada por los violentos en la manifestación implica un costo para la Ciudad de $106.890.000. Vamos a hacerles pagar este costo a aquellos vándalos y delincuentes que destruyeron el mobiliario urbano que es de todos”, advirtió Jorge Macri.

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