La Secretaría de Transporte Nacional exigió a la administración porteña que se encargue desde septiembre del subsidio para el boleto de colectivo. La medida podría implicar un traspaso por decreto si no se alcanza un acuerdo.
En un giro significativo en la gestión del transporte público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Secretaría de Transporte de la Nación intimó al Gobierno Porteño a asumir el financiamiento de los subsidios para las líneas de colectivos que operan en el distrito capitalino. Esta exigencia, comunicada el martes pasado, busca que a partir de septiembre la Ciudad cubra el costo total del subsidio. En caso de no alcanzarse un acuerdo, se evaluará formalizar el traspaso mediante un decreto, según se confirmó desde la Secretaría.
La notificación enviada el miércoles por la Secretaría de Transporte nacional, bajo la dirección de Franco Mogetta, requiere que el Gobierno porteño asuma el 45% del costo total de los subsidios, lo que equivale a $7.000 millones anuales. Hasta ahora, este gasto se cubría parcialmente con fondos del Tesoro Nacional, y el objetivo es que la Ciudad de Buenos Aires absorba completamente esta carga financiera.
Actualmente, el financiamiento para las 31 líneas de colectivos que operan exclusivamente en el territorio porteño se distribuye de manera mixta: el 55% proviene de fondos porteños y el 45% es cubierto por el Gobierno Nacional. Si se elimina la aportación nacional, el precio del pasaje podría subir considerablemente, alcanzando los 850 pesos según estimaciones del sector privado.
El conflicto trasciende lo económico y toca aspectos políticos. La decisión de la Nación llega en un contexto de tensión entre La Libertad Avanza y el PRO, agravada por la reciente reaparición de Mauricio Macri y sus críticas a la gestión actual. En este sentido, Luciano Fusaro, vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), advirtió: “Si a nivel político no acuerdan, no veo que puedan circular los colectivos a menos que haya un ajuste fuerte en las tarifas”.
En respuesta, la Ciudad de Buenos Aires reiteró que el subsidio y la regulación del transporte público son competencias del Gobierno Nacional. En un comunicado, la Secretaría de Transporte porteña indicó que “la Ciudad ha venido subsidiando al Gobierno Nacional y a sus líneas de transporte público de colectivos” y que las responsabilidades como fijar tarifas, regular servicios, otorgar permisos y establecer subsidios corresponden al ámbito nacional.
Asimismo, la Secretaría de Transporte de la Nación solicitó a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad que mantengan el aporte al boleto integrado (Red SUBE), que incluye las 286 líneas de transporte bajo su jurisdicción. Este boleto integrado se considera una política clave para la asistencia al pasajero.
A pesar de las diferencias, el Gobierno Nacional continuará subsidiando a los 5,3 millones de pasajeros beneficiarios de la Tarifa Social, quienes reciben un descuento del 55% en el precio del boleto para jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales en las 60 localidades del país con el sistema SUBE.
